La crisis de derechos humanos en México y los
indicadores macroeconómicos
Dr. Norberto
Emmerich. IESAC, Ciudad Juárez
El 31 de diciembre de 2015, en su informe denominado
“La situación de los derechos humanos en México”, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos – CIDH afirmó que en México la procuración de justicia es una
“simulación” y que mientras el propio Estado mexicano reportaba 26.798 personas
“no localizadas” o desaparecidas a nivel nacional, sólo se habían emitido seis
sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada. Sobre los
43 desaparecidos de Ayotzinapa el Informe sostiene que es “un ejemplo
emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del
crimen organizado” y agrega que “la práctica de la tortura es alarmante”.
En síntesis, la CIDH habla de que “México atraviesa
una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”, una
“grave crisis de derechos humanos (que) fue constatada en terreno y se
caracteriza por una situación extrema de inseguridad y violencia”.
Más allá de los abrumadores datos sobre las
violaciones a los Derechos Humanos que sistemáticamente implementa el Estado
mexicano (aunque la CIDH desconoce que crisis de seguridad y crisis de derechos
humanos no son la misma cosa y no son procesos que deban ir necesariamente
emparentados) es importante saber si existe una base material que “justifique” sistémicamente
ambas crisis.
Así como en la Colombia de los años 80 se afirmaba que
el desarrollo capitalista se basaba en un sistema de “ganancias a sangre y
fuego”, habrá que ver si en México hay un correlato similar, menos genérico y
más específico, para explicar la “crisis de derechos humanos” en curso.
Se prevé que el crecimiento del PIB mexicano para el año 2016 sea de un 2.4%, luego que el
FMI corrigiera a la baja sus previsiones de enero de 2016, las que a su vez
corregían a la baja las previsiones de octubre de 2015. Mientras las economías
de los países de América Latina y el Caribe – ALC siguen impactadas por la baja
mundial de los precios del petróleo, “la exposición de la economía mexicana a
las exportaciones de petróleo no es tan grande”. Por otro lado la Inversión
Extranjera Directa – IED, que fue de 24.837 MDD en 2015, será de 28.695 MDD en
2016. El Banco Mundial afirma que el crecimiento del PIB en la región ALC se
estancó totalmente en 2015, pero dado que México creció menos que el resto en
el período del auge, está repuntando rápidamente en virtud del alza del consumo
en Estados Unidos.
Aunque la economía mundial sigue recuperándose, lo
hace a un ritmo cada más lento y frágil, donde los escenarios a la baja tienen
más probabilidades de materializarse. En un contexto regional de caídas
generalizadas (Brasil -3.5; Argentina -1.0; Venezuela -8.0; Ecuador -4.5) sólo
Colombia (2.7), Estados Unidos (2.6) y México (2.4) contradicen la corriente.
Mientras tanto a nivel mundial Rusia cae 1.0 y China sigue decreciendo el ritmo
(6.9 en 2015; 6.3 en 2016).
¿Cómo se relacionan la crisis de seguridad y estos
buenos indicadores macroeconómicos?, una pregunta que aborda la imbricación entre
la economía legal e ilegal. Un ejemplo es el lavado de dinero del narcotráfico
por parte de entidades financieras como el HSBC, Citigroup y Santander,
denunciados por permitir el blanqueo a través de sus cuentas. Otro es la
relación entre los carteles del narcotráfico en Michoacán que controlan la
explotación de hierro con transnacionales como Ternium, Arcelor Mittal y
Endeavour Silver.
Más puntualmente los asesinatos de Bernardo Méndez,
por oponerse a la Fortuna Silver Mines en Oaxaca, los de Ismael Solorio y
Manuela Solís, contra la minera MAG Silver en Sonora, o el de Betty Cariño, contra
la minera New Gold en San Luis Potosí, muestran una amplia difusión de la
frontera entre lo legal y lo ilegal, lo que habitualmente se denomina
acumulación primitiva de capital.
Los frecuentes ataques contra diversas comunidades
indígenas responden a la necesidad de implementar proyectos que extienden la
frontera extractiva y agroindustrial o para la construcción de grandes
infraestructuras. El conflicto de los yaquis por el Acueducto Independencia
muestra esta matriz.
En gran medida la crisis de derechos humanos es
resultado del modelo de desarrollo económico vigente en México. En primer lugar
este modelo agudiza las limitaciones que involucran a grandes colectivos
campesinos, indígenas y poblaciones urbanas. La privatización de los recursos
naturales estratégicos, los pactos comerciales que desregulan la tierra, el cierre
del acceso a las fuentes de provisión de agua, la presión extractiva sobre selvas
y bosques, todo ello agravado por la reforma energética y la Ley Minera,
significan una concatenación necesaria entre desarrollo y quiebre de derechos.
En segundo lugar, el crecimiento económico que viene de la mano de las grandes
inversiones, acarrea consigo las reglas de emprendimiento propias de la
economía global, con contratos leoninos, legislación especial, achatamiento de
la masa salarial, desindicalización de la mano de obra y flexibilización en
toda la línea.
Esta violación sistemática de los derechos humanos es
un requisito necesario, no solo conveniente, para el éxito actual del modelo de
desarrollo económico en México. El desarrollo mexicano no surge espontáneamente
con el solo requisito de la “mano invisible” y la autorregulación de las leyes
del mercado. Un fuerte intervencionismo estatal arbitra entre actores
disonantes, localismos furiosos y recursos escasos, allí donde todo, sobretodo
la geografía, conspira en contra.
Dados los condicionamientos geopolíticos propios de un
país rodeado por desiertos al norte, selva al sur y montañas al este y oeste,
sin ningún río navegable en su territorio, donde las zonas de producción y
consumo de alimentos están distantes entre sí y que además es vecino de Estados
Unidos, el mantenimiento estratégico de una tasa de crecimiento promedio del
2.5% interanual (superando levemente la tasa americana) solo puede realizarse,
en un contexto de caída regional y débil crecimiento global, mediante el
ejercicio de una presión extrema sobre el sustrato productivo del país: la
geografía y la población.
Adicionalmente, si bien un 46% de pobreza suaviza la
disputa por la participación en la renta nacional, la existencia de un
esclerosado régimen de partidos no permite procesar y canalizar las demandas,
volviéndolas rápidamente inconstitucionales. Que el índice de pobreza en
Veracruz sea del 58% (17% en pobreza extrema) ayuda a comprender un aspecto de la
crisis de derechos humanos allí. El otro aspecto tiene que ver con las
millonarias inversiones que tienen como destino a la entidad portuaria y la
necesidad de regimentar la participación tumultuaria en una renta creciente,
una tarea más urgente allí que en cualquier otro lado.
El relativo bienestar y progresismo en el que viven
los millones de ciudadanos del Distrito Federal se asienta sobre la crueldad de
una clase dirigente que entiende (con acierto) que crecer es depredar y
reprimir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario