viernes, 29 de marzo de 2013

¿LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS AYUDA O PERJUDICA LA EXPANSIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO?

El artículo que presentamos a continuación expresa una argumentación favorable a la continuación de la política de "guerra contra las drogas", antes con Calderón, ahora con Peña Nieto.
Para quienes quieren argumentar contra la política del PAN y del PRI es importante conocer cómo argumentan quienes la sostienen y defienden. Como verán, no es tan sencillo discutir con esta gente, sus mentiras están llenas de datos ciertos. Pero también están llenas de silencios y medias verdades.
En síntesis, el artículo afirma que el gobierno no es quien desencadena la violencia, sino los carteles. Nosotros, en este blog Ojos del Mundo, sostenemos que es todo lo contrario: los gobiernos son quienes convierten un problema de seguridad interior en un problema de supervivencia del Estado, presionando para que los carteles entren en un proceso de guerra abierta.
Que la disputa entre carteles se haya iniciado antes de la guerra de Calderón, no puede ocultar el hecho de que la guerra entre carteles se ha disparado desde el año 2006. Y que el narcotráfico mexicano es un negocio que prefiere desarrollarse sin entablar guerras en ninguna de las siguientes tres direcciones: contra otros carteles, contra el Estado y contra Estados Unidos.

México: la 'Nueva Narco-Realidad' ya está aquí
27 de marzo 2013 |
Por Scott Stewart y Reed Tristan
http://www.stratfor.com/weekly/mexico-new-narco-reality-already-here

La semana pasada un artículo presentaba la idea de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sería capaz de crear una "nueva narco-realidad" en México. El artículo lanza la teoría de que si el gobierno mexicano suavizara la investigación de los delitos de drogas, la administración podría calmar la situación y por lo tanto la violencia disminuiría. El autor del artículo no está solo en la exploración de esta línea de razonamiento. En efecto, el artículo expresa un cambio en el enfoque teórico, del que hemos oído a menudo cuando se discute el problema de la violencia en México con los mexicanos y extranjeros interesados.
Por desgracia, la reducción de los niveles de violencia no es tan simple. La naturaleza y el origen de la violencia en México limitan severamente al gobierno mexicano. Debido a estas restricciones, con la simple reducción por parte del gobierno de la persecución de los delitos de drogas habrá poco impacto en el nivel de violencia. Por lo tanto, el argumento teórico seguirá siendo sólo teórico.

Naturaleza e Historia
Al analizar la violencia en México es de gran ayuda colocar los incidentes violentos en alguna de las tres siguientes categorías: incidentes que resultan de la acción del gobierno en contra de los criminales, incidentes que resultan del ataque de un grupo criminal contra otro y los incidentes que son el resultado del ataque de los grupos criminales a ciudadanos inocentes.
Al reducir el ritmo en el que se libra la guerra contra las drogas, el gobierno mexicano podría influir en la cantidad número de incidentes de la primera categoría, la acción del gobierno contra los líderes de los carteles. Es evidente que estos incidentes pueden provocar y de hecho provocan un porcentaje considerable de la violencia.
Tristán (Reed) visitó recientemente la esquina de la calle de Matamoros, donde Antonio Cárdenas Guillén, también conocido como "Tony Tormenta", fue asesinado por las tropas del gobierno en noviembre de 2010. A pesar de que el incidente se produjo hace más de dos años, el barrio sigue mostrando un daño significativo a partir del feroz tiroteo que se desató entre los militares y los guardias de Cárdenas Guillén. La escena era una reminiscencia de los daños que Tristan vio en Irak y Afganistán, y no es algo que normalmente se asocia con una operación de aplicación de la ley, especialmente dentro del rango de las armas pequeñas en Estados Unidos, como el tiroteo que obligó a la evacuación de la Universidad de Texas en el campus de Brownsville.
Pero, si bien son bastante dramáticas, tales operaciones son relativamente raras. El gobierno simplemente no es quien inicia la mayoría de los incidentes violentos en México y ni siquiera está involucrado fuertemente en la violencia. Muchos de los peores incidentes en México no cuentan con la participación del gobierno en absoluto, como la emboscada de mayo de 2011 en el estado de Nayarit en el que murieron 29 sicarios; la emboscada de julio de 2010 en Saric, Sonora, en la que más de 20 sicarios fueron asesinados; la de agosto de 2011, con el incendio provocado en el Casino de Monterrey en el que 52 personas perdieron la vida; la muerte de 72 inmigrantes en un autobús, en el Estado de Tamaulipas en agosto de 2010 y los cientos de víctimas que aparecieron en los vertederos de cadáveres como parte del enfrentamiento entre Los Zetas y el cártel de Sinaloa cada uno en el territorio del otro en 2011 y 2012. Incluso en los tiroteos prolongados en Reynosa en marzo de 2013, hay informes de que el gobierno permitió que los dos grupos delictivos beligerantes lucharan durante horas entre sí antes de participar en la refriega.
En efecto, mientras la narrativa popular es atribuir el comienzo de la guerra de carteles en México a una campaña lanzada por el ex presidente mexicano Felipe Calderón, simplemente no es el caso. La escalada comenzó mucho antes de que Calderón fuera elegido, y no fue por las acciones del gobierno, sino por un cambio en las rutas de contrabando de narcóticos hacia los Estados Unidos y por la competencia por las rutas entre los grupos criminales mexicanos lo que realmente desencadenó la escalada de la violencia.
Esta dinámica apareció por primera vez en la década de 1990 cuando Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y sus socios de la Federación de Sinaloa enviaron fuerzas desde Sinaloa a Tijuana, Estado de Baja California -controlada en ese momento por los hermanos Arellano Félix- para comprar casas-almacén y organizar la construcción de túneles para trasladar drogas a través de la frontera. En respuesta, los hermanos torturaron y asesinaron a los operativos de Sinaloa enviados a Tijuana y hasta intentaron asesinar a El Chapo. La guerra entre Sinaloa y los hermanos Arellano Félix provocó una prolongada temporada de violencia en Tijuana, que finalmente llevó a que el presidente de México en ese entonces, Ernesto Zedillo, enviara soldados mexicanos a la ciudad en el año 2000, en un intento de sofocar la violencia.
Una escalada similar ocurrió en el Estado de Tamaulipas, en 2003, a raíz de la detención del líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, cuando El Chapo de Sinaloa hizo un intento para hacerse con el control de la lucrativa plaza de Nuevo Laredo. Esta incursión provocó un contraataque poderoso de Los Zetas, y una lucha sangrienta y prolongada estalló en la ciudad. A mediados de 2005 la ley y el orden se habían roto por completo en Nuevo Laredo y el entonces presidente Vicente Fox desplegó el ejército en la ciudad para reafirmar el control del gobierno.
Actualmente en Tamaulipas, el control de seguridad de la policía federal, de la seguridad militar y de la policía local ha sido desarmado en algunas ciudades, como Reynosa. En un ambiente así, será imposible para el gobierno federal desengancharse sin antes reconstruir las fuerzas de policía locales y estatales para garantizar la seguridad.
La conclusión es que ya que el gobierno federal no ha puesto en marcha la mayor parte de la violencia en México, una decisión del gobierno de no seguir adelante con las investigaciones de drogas haría poco para sofocar la violencia.

Fractura
Más allá de esta historia general de la violencia iniciada y conducida por los carteles, está la misma naturaleza cambiante de los cárteles mexicanos. Quizás el más importante de estos cambios ha sido la fragmentación que se ha producido entre los carteles. Después de muchos años de relativa estasis, donde había un puñado de organizaciones de grandes carteles que controlaban áreas relativamente grandes, los grupos cartelarios y el territorio bajo su control han entrado en un período dinámico. En 2006 y 2007 fue posible hacer un informe anual que explicó las principales dinámicas de los cárteles mexicanos, pero debido a los rápidos cambios en el 2010 nos sentimos obligados a hacer una actualización semestral en mayo. En 2011, el paisaje cartelario cambió rápidamente exigiendo actualizaciones trimestrales ante el astillamiento de las grandes organizaciones y el surgimiento de nuevas organizaciones a partir de ellas. Este proceso no ha dado señales de detenerse.
La tendencia hacia la fragmentación es en parte una consecuencia de la política de los gobiernos de México y de Estados Unidos de tratar de decapitar a los grupos cartelarios, pero es demasiado simplista sugerir que la política mexicana es la única causa de esta fragmentación. En muchos casos, las razones son mucho más complicadas. Por ejemplo, el mayor de estos nuevos grupos fragmentados, Los Zetas, se separó del cártel del Golfo, casi siete años después de la captura del líder del cártel del Golfo Cárdenas y casi un año antes de la muerte de su sustituto -y hermano- Antonio Cárdenas Guillén.
Los Zetas se separaron del cartel del Golfo después de que protagonizaron lo que era esencialmente una fallida toma de posesión hostil de la organización, los otros líderes rechazaron el intento y resistieron su codicia y arrogancia. Esto dio lugar a la fricción entre el liderazgo tradicional del cartel del Golfo y Los Zetas, que luego dio lugar a una guerra entre las dos organizaciones, cuando sicarios del cartel del Golfo mataron a un miembro de Los Zetas.
Es cierto que la muerte de Antonio Cárdenas Guillén llevó a una fragmentación adicional del cartel del Golfo y a una amarga lucha por el control de la organización en 2011 y 2012, pero sin duda la organización se vio mucho más debilitada por la insurrección de Los Zetas de lo que lo fue por su muerte. Actualmente, el cartel del Golfo es muy débil y no parece ser una organización unificada, sino una colección dispersa de pequeños grupos que luchan por mantener el control de Matamoros y Reynosa.
La proliferación de estos grupos más pequeños del crimen organizado también se ha traducido en una mayor fricción, y el aumento de la violencia que hemos visto en los últimos años en lugares como Acapulco y Guadalajara es una consecuencia directa de esto. La violencia no sólo se produce en una o dos ciudades de la frontera, sino que se extiende sobre una gran parte del país y abarca a varios Estados.
También hay algunos que se aferran a la idea de que Peña Nieto puede forjar algún tipo de acuerdo con los carteles y volver al formato que sus predecesores en el Partido Revolucionario Institucional utilizaron para tratar y adaptarse a los carteles en el pasado. Sin embargo, dada la dinámica actual de los carteles, la situación en México es muy diferente de lo que era bajo presidentes anteriores, como Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Simplemente, son demasiadas partes móviles y demasiados grupos cartelarios a los que hacer frente.

Más allá del tráfico
Otro obstáculo que impide que el gobierno de México adopte un enfoque de no intervención en los carteles criminales es que ya no son simples organizaciones de tráfico de drogas. Se han convertido en algo más.
En la década de 1990 los carteles se han centrado sobre todo en el tráfico de cocaína colombiana a Estados Unidos y en producir su propia marihuana, heroína de alquitrán negro (black tar heroin) y drogas sintéticas que luego transportaban a Estados Unidos. Sin embargo, durante la última década, los costos de las prolongadas guerras entre los carteles y el impacto que estas guerras han tenido sobre la capacidad de algunos grupos de producir o traficar drogas han llevado a muchos grupos a diversificar su actividad a otros delitos.
Esta diversificación incluye otros crímenes como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y el robo de carga. Los Zetas también ganan una cantidad considerable de dinero robando petróleo de la compañía estatal petrolera de México y la piratería de CD y DVD. Este comportamiento criminal es lo que provoca muchas peleas territoriales en las áreas que están fuera de las zonas tradicionales de producción de drogas y cruces fronterizos.
No es necesario controlar totalmente una carretera o un centro de transporte para circular las drogas por ellas. Tanto las fuerzas de aplicación de la ley de Estados Unidos como las de México luchan incluso para frenar levemente el flujo de drogas en general, y una banda de mexicanos no tendrá más éxito que ellos. Pero cuando dos grupos opuestos están utilizando el mismo territorio y están vendiendo drogas en las calles, extorsionando negocios o dirigiendo bandas de secuestradores, entonces es crucial mantener a los competidores fuera para que no se perjudiquen las ganancias. Este creciente interés en las ventas locales de drogas también significa que las drogas son cada vez más un agudo problema de México y no sólo un problema de los estadounidenses.
Esta derivación hacia el crimen localizado y la distribución de drogas es una de las principales causas de la violencia actual en Estados como Morelos, México, Jalisco, Guanajuato y Quintana Roo. Este cambio se ha reflejado en las siglas de la ley. Los cárteles mexicanos ya no son referidos como DTOs, u organizaciones de tráfico de drogas, sino más bien como TCOs, u organizaciones criminales transnacionales, en reconocimiento de los otros crímenes que están involucrados dentro de sus actividades.
Una "nueva narco-realidad" ya ha amanecido en México. El escenario es muy diferente de lo que era en la década de 1990, y no hay vuelta atrás. Los cambios que se han producido desde y entre los carteles mexicanos y la cantidad de violencia de las organizaciones que se precipita sin la intervención del gobierno, significa que va a ser muy difícil para el gobierno de Peña Nieto ignorar las actividades de los cárteles y adoptar este enfoque teórico de no intervención.

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