La participación de Estados Unidos y Colombia en el
entrenamiento de policías argentinos
Dr. Norberto
Emmerich. IESAC – Ciudad Juárez
No es novedad que la visita del presidente Obama a la
República Argentina en el pasado mes de marzo colocó el eje central de las
relaciones bilaterales en la seguridad. Al igual que sucede y seguirá
sucediendo paulatinamente con los distintos gobiernos sudamericanos
progresistas, Estados Unidos impulsará el giro a la derecha mediante la
implantación de una agenda cargada de objetivos estratégicos pero con la
securitización como medio de penetración política.
Precisamente la seguridad no ha gozado de una visión realmente
progresista por parte de los gobiernos de la región, que han acumulado
iniciativas represivas amparadas en una negociación conversacional de derechos
humanos, cooperación e inclusión social que en todos los casos guardaba
sepulcral silencio sobre los consumidores y los traficantes. La situación
carcelaria es el mejor indicador del desconocimiento de los derechos humanos
más allá de la pantalla de los medios de comunicación.
A partir de la incipiente reincorporación al patio
trasero estadounidense ya no importará la ideología de los gobiernos
(izquierda, centro, derecha) la cual se montaba sobre una realidad
objetivamente conflictiva en cada escenario nacional. Hasta no hace mucho una
situación de guerra interior permitía comprender que, aunque el gobierno de
Colombia pudiera estar dispuesto a analizar medidas alternativas, tenía menos capacidad
de renunciar a un tratamiento “represivo” del tema. En el caso de Guyana, su
ubicación geográfica en el circuito del tráfico intercontinental de drogas también
admitía un enfoque más “represivo”, mientras que Uruguay, tradicionalmente con
mayor cultura cívica, pequeño y poco poblado, podía experimentar políticas
públicas de libre consumo y estatalización del mercado. En todos los casos, sin
embargo, la ideología de cada gobierno era central al momento de atribuir a
dicho factor geopolítico la justificación de políticas más (Colombia) o menos (Uruguay)
represivas.
Aunque en términos de políticas públicas había
notorias diferencias entre los países, en términos de discurso se hacía un gran
esfuerzo por solapar las ideologías, escudados tras los conceptos comúnmente
asumidos de “derechos humanos”, “inclusión social”, “proporcionalidad”,
“responsabilidad compartida” y “evaluación multilateral”. La presión por lograr
un vocabulario cohesionado pasó por encima de las diferencias existentes,
creando una ilusión de progresismo, más intelectual que político. Nada de eso
podrá seguir subsistiendo en la nueva atmósfera donde la cooperación regional
en seguridad desconocerá las geopolíticas nacionales en favor de una visión
continental de las “amenazas”, íntimamente afín a la estrategia exterior
americana.
En los últimos años Colombia está intensificando
sus esfuerzos por exportar su experiencia a otros países, con el apoyo de
Estados Unidos. No está claro si este modelo
de cooperación de seguridad está replicando los autodenominados éxitos de Colombia sin replicar al mismo tiempo sus fracasos en los
ámbitos de la corrupción, los derechos humanos y la impunidad. Por lo pronto es
bueno saber que es muy difícil obtener información sobre actividades
específicas de Colombia más allá del siempre optimista e impreciso lenguaje
de los comunicados oficiales.
Es cierto que los indicadores clave
de la violencia en Colombia, como los secuestros, homicidios, desapariciones y desplazamientos
forzados, han disminuido. Gracias a ello
fue posible construir una "historia exitosa" de la guerra, estratégicamente
utilizada por el gobierno de Santos para reposicionar a Colombia, convirtiendo a sus fuerzas de
seguridad en saldos exportables, al ser abiertamente consideradas como unas de
las más experimentadas del mundo en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y la
contrainsurgencia, en cierta medida por la prolongada capacitación recibida de
Estados Unidos.
Desde el punto de vista de Estados
Unidos la Secretaría de Estado hace una nueva lectura de la relación bilateral y
sostiene que ayudar a Colombia “nos
ayudará a ayudar a los demás", en un modelo donde el elemento clave es "dirigir
desde atrás". Este enfoque de "intervención moderada" surgió en
respuesta al rechazo de la opinión pública americana a la costosa intervención
en asuntos militares de dudoso interés para las mayorías electorales, algo
parecido a la política del buen vecino reemplazando al Corolario Roosevelt y el
“big stick”.
Mediante la apelación a estos terceros
"representantes", Estados Unidos crea una "negación
plausible", mediante la cual evade el conocimiento o la responsabilidad
sobre actividades impopulares o ilegales. Con Alvaro Uribe Vélez en la
presidencia no había mucho interés regional en trabajar abiertamente con él, en
virtud de su discurso antiterrorista sin matices. En el año 2010 la elección de
Juan Manuel Santos cambió las narrativas sobre Estado fallido, irrespeto a los derechos
humanos e instituciones democráticas deficientes y colocó con mucha facilidad la
cooperación en seguridad en el centro de la política exterior, bajo el nombre
de "Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral",
en realidad una cooperación triangulada de seguridad.
Los acuerdos firmados por la Argentina con Estados
Unidos en marzo, promocionan la apertura comercial irrestricta, la asistencia
en la Triple Frontera, la participación en misiones militares en Africa, el asilo
a los refugiados sirios, la creación de Centros conjuntos de Inteligencia, la
presencia de fuerzas de seguridad en el Comando Sur y la cooperación nuclear,
entre otras cosas. Todo esto al precio de borrar la frontera entre seguridad y
defensa, un insumo argentino que tanto esfuerzo costó establecer, pero que sin
embargo ya había sufrido sus primeras tropelías con la pasada administración
kirchnerista.
En términos de seguridad Estados Unidos asistirá a las
fuerzas argentinas en la “lucha contra el terrorismo en la Triple Frontera”, permitirá
que funcionarios argentinos se formen en la Academia Internacional de Policía, realicen
viajes de estudios a Estados Unidos y sean capacitados por la DEA y el FBI,
incluyendo el entrenamiento en las bases estadounidenses en territorio
colombiano.
A la hora de concretar los acuerdos de marzo, la
ministra de seguridad Patricia Bullrich se reunió con Jorge Hernando Nieto
Rojas, el jefe de la policía nacional de Colombia, a fin de que la Argentina
ingresara en el mecanismo de cooperación triangulada de seguridad. Pero los
estándares de derechos humanos de la policía colombiana no son tan buenos. Según
la Defensoría del Pueblo de aquel país hace dos meses se anunció en Colombia la
“emergencia carcelaria”, en virtud de los problemas de hacinamiento, nula
atención médica y 4.000 presos políticos, problemática que se lleva muy bien
con la aprobación del nuevo Código de Policía y Convivencia, cuyo objetivo
principal es regular el comportamiento de los ciudadanos en todo el territorio y
dotar de nuevas herramientas a la Policía Nacional.
Entre otras cosas el nuevo Código de 244 artículos
establece facultades para disolver las protestas sociales, permite el allanamiento
sin orden judicial, la detención administrativa arbitraria y la imposición
policial de multas penales. También establece la creación de centros de
detención para borrachos e indigentes. Sus oponentes lo consideran represivo,
arbitrario y dictatorial. Sobretodo consideran que un reglamento de este tipo
no es coherente con un escenario de post conflicto, ya que el Código otorga
mucha discrecionalidad a la policía y pone en riesgo algunas de las libertades
ciudadanas.
Sin embargo, la Policía Colombiana puede mostrar
buenos resultados. Mientras en 1995 la tasa de homicidios llegó a 70 cada cien
mil habitantes, por encima de la media de Argentina o México, en 2016 la tasa
bajó a 26, el punto más bajo en los últimos 40 años. Frente a estos datos no
queda claro con qué objetivo la República Argentina se asociaría con Colombia,
teniendo una tasa histórica de 5 homicidios cada cien mil habitantes.
La coincidencia entre las partes queda más clara al
analizar el discurso. Nieto Rojas señaló que "nosotros atacamos el
narcotráfico como un sistema criminal. Tenemos una estrategia de combate al
narcotráfico y hemos tenido problemas en varios niveles, pero nos ha dado
resultados. Si no los hubiéramos hecho, el que estaría hablando aquí sería un narcotraficante".
Se refería a la penetración del narcotráfico colombiano en la política y en la
justicia de su país, dejando en claro que las realidades entre Argentina y
Colombia son absolutamente dispares, pero el discurso es único.
Bullrich se subió entusiasmada al estrado y dijo que
"la coordinación tiene que ser permanente y total", adelantando el
interés del Ministerio en lograr un intercambio similar con las fuerzas de
seguridad de México, evidentemente sin saber muy bien de qué hablaba.
Por lo pronto quedarán aquí una decena de agentes colombianos
en forma permanente como parte del acuerdo de cooperación. En el colmo del
entusiasmo la ministra declaró que "nos interesa conocer mejor sus
experiencias de trabajo en zonas conflictivas, como las intervenciones que se
realizaron en Medellín", refiriéndose quizás a la Operación Orión, un
exterminio muy desaconsejable en caso de que quiera repetirlo en la ciudad de
Buenos Aires o en Rosario.
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